Hace unas semanas manteníamos una charla distendida una serie de amigos y conocidos sobre el creciente aumento de conexiones rápidas de internet con tecnología inalámbrica, como un servicio similar al agua corriente o la luz eléctrica; pero que cuanto más se extiende el concepto de ciudades WiFi, más luchan las empresas de telecomunicaciones contra la iniciativa. Las reflexiones que brotaron fueron muchas y variadas.
Wi-Fi, del inglés wireless fidelity o fidelidad inalámbrica, es un sistema por el cual los usuarios cuentan con la libertad de conectarse a Internet con sus portátiles y/o ordenadores personales, sin ningún cable o enchufe de por medio.
La experiencia no es nueva, aunque hasta la fecha es poco alentadora. En 2003 el ayuntamiento de Atarfe, en Granada, decidió ofrecer a sus habitantes acceso a Internet en cualquier punto del casco urbano, utilizando antenas WiFi. Una empresa del pueblo denunció al Ayuntamiento a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones(CMT).
Como consecuencia de la demanda, en 2004 la CMT sancionó al ayuntamiento de Atarfe por infracción administrativa muy grave. Lo mismo ocurrió el mismo año en la localidad pontevedresa de Ponteareas. Según la CMT, la explotación de redes o prestación de servicios de comunicaciones introduce distorsiones en la libre competencia en el servicio de acceso a Internet.
Esta interpretación no se reduce a los ayuntamientos que quieran dar conexiones gratis, sino también a los que, aún cobrando por ello, lo hagan a un precio menor que las operadoras.
En España hay redes abiertas y gratuitas sostenidas por organizaciones vecinales. Así, es normal encontrar cientos de redes abiertas en las grandes ciudades, como Madrid Wireless, Barcelona Wireless o RedLibre. Por su parte, los habitantes del barrio de Lavapiés en Madrid disfrutan de Lavapieswireless.
En la charla había un concejal de nuestro ayuntamiento que me solicitó un pequeño informe sobre el tema y los posibles costos. Y así se lo hice, ya que sigo sin explicarme, por ejemplo, en que se diferencia este servicio del de limpieza de las calles, que se suele subcontratar a empresas privadas, aunque lo gestionan los ayuntamientos.
